Boletín 27 octubre

VUELVEN LAS REGALÍAS

PARA LAS REGIONES
PRODUCTORAS EN COLOMBIA

Con la Ley 2056
de 2020 continúa
el proceso de
fortalecimiento del
Sistema General de
Regalías impulsado
por el gobierno a
través de una reforma
constitucional con
la intención de
incrementar las
asignaciones directas
a los municipios
productores, sin
desmejorar las
asignaciones a los
demás municipios.

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La reforma de 2011 al Sistema General de Regalías buscaba distribuir estos recursos de manera más equitativa a todo el país y no solo a los territorios productores que hasta entonces recibían el 80 % del total de los ingresos por regalías. Con este sistema las transferencias directas a los departamentos productores se redujeron a menos del 10 % del total de regalías, y todos los departamentos y municipios del país debían presentar proyectos de inversión pública para recibir recursos de los cinco fondos creados tras dicha reforma: el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Compensación Regional, el Fondo de Ahorro y Estabilización, el Fondo de Ciencia y Tecnología y el Fondo de Pensiones Territoriales. La reforma de 2011 también incluyó la creación de órganos de toma de decisiones, llamados OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), encargados de evaluar y aprobar los proyectos que recibirían financiamiento proveniente de las regalías. Todos los municipios y departamentos tenían su propio OCAD, conformado por un representante del gobierno nacional, el gobernador (presidente del departamento) y alcaldes de la zona. En 2019, luego de menos de una década de implementación de esta reforma, se aprobó una nueva reforma constitucional (Acto Legislativo No. 05), para permitir cambios en el sistema de gestión de regalías a partir del 2020. Esto se dio como resultado del consenso respecto a que el diseño del sistema vigente hasta entonces había recortado las regalías de manera importante para los territorios productores, estaba conduciendo a un gasto lento y fragmentado con poco impacto y también, debido a problemas de corrupción en la contratación. Con la ley 2056 de 2020 que reglamenta la Reforma al Sistema General de Regalías, aprobada por el Congreso de la República, los municipios y

departamentos del país tendrán más de $15,7 billones de pesos disponibles para inversión social directa, en el periodo 2020-2021. De esta manera se busca que los recursos de las regalías provenientes de la producción de minerales e hidrocarburos impulsen la reactivación económica de las regiones tras la crisis del COVID-19 en Colombia.

Con esta reforma, los municipios y departamentos contarán con una cifra histórica de regalías para inversión social en sus territorios y con mayor autonomía. Habrá más recursos para las regiones productoras de minerales e hidrocarburos, para los municipios más pobres y por primera vez se destinarán regalías para la protección del medio ambiente con un 5% para la conservación de áreas estratégicas y la lucha contra la deforestación.

Esta reforma busca la descentralización de las entidades territoriales pasando de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) a sólo ocho. Adicionalmente el 70% del total de las regalías será asignado sin necesidad de pasar por los OCAD. Adicionalmente, se duplican las asignaciones directas de recursos para los municipios y departamentos que le apuestan al sector minero energético pasando del 11% al 25% donde los departamentos podrán agilizar inversiones, aprobando directamente el 100% de los recursos de la Inversión Regional.

Los departamentos con mayores asignaciones son Meta, que pasa de recibir más de $650.000 millones de pesos en bienio 2019-2020 a más de $1 billón de pesos para el bienio 2021-2022. Le sigue Casanare, que pasa de cerca de $300.000 millones de pesos a más de $670.000 millones de pesos; y Cesar, de más de $230.000 a más de $475.000 millones de pesos.

INDUSTRIA DEL ACERO EN COLOMBIA:

PERSPECTIVAS
DE LA REDUCCIÓN DE ARANCEL

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El acero proviene de la aleación de uno de los minerales más abundantes en la naturaleza (hierro) y, mediante la ventaja comparativa de recursos, se ha convertido en materia prima fundamental para el desarrollo de la infraestructura, la cual de acuerdo con los avances tecnológicos de cada país y la capacidad de inversión en producción y consumo de este material en sus proyectos de ingeniería, dinamizan el mercado del acero, generando tendencias de globalización en las industrias que inevitablemente afectan el mercado interno.

El mercado siderúrgico de América Latina se ha visto impactado en los últimos periodos por la desaceleración de las economías regionales y por la sobrecapacidad instalada de China para producir acero, de manera que la producción que el país asiático no consume ingresa a otras naciones a precios muy bajos o de manera ilegal. La OCDE estima que China tiene una sobrecapacidad instalada de 450 millones de toneladas, lo que obliga a los productores a exportar su producción a bajos precios. Además, la desaceleración del país asiático ha ocasionado reducción del consumo e incremento en las cantidades disponibles para enviar al extranjero.

La industria colombiana no ha sido ajena a esta situación y se han empezado a sentir las consecuencias, que se considera podrían ser peores si la moneda colombiana no estuviese tan devaluada respecto al dólar. De hecho, representantes del gremio creen que una cantidad considerable de empleos en la industria siderúrgica colombiana se encuentran en peligro por la competencia desleal de China.

Colombia cuenta con industria de acero desde 1948, hoy en día cuenta con 6 plantas de acería y 10 plantas de laminación en caliente para la producción de aceros largos. La producción de acero se encuentra a cargo de 5 empresas, las cuales son: Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Sidenal, Sidoc y Ternium, que representan el 100% de la industria siderúrgica de Colombia. El comité de acero de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) afirma que la capacidad instalada es de 2,6 millones de toneladas y podrían aumentar a 3,1 millones de toneladas. Esta producción está dirigida en su gran mayoría al sector de la construcción e infraestructura.

Recientemente, El Comité Triple A del Ministerio de Comercio tomó la determinación de reducir el arancel a importaciones de acero de países sin TLC la cual pasaría de 10% a un 5%. Esta decisión se tomó tras la petición de los constructores de

reducir este impuesto de importación de acero argumentando que los altos precios podrían afectar las iniciaciones de proyectos en el país.

Esta determinación no fue bien recibida por la industria del acero en Colombia donde infortunadamente no se tienen subsidios al contrario de países como China donde se produce con subsidios de energía por lo cual es una estrategia que pone en desventaja la industria siderúrgica del país. “La reducción de este arancel equivale a la firma de un TLC express con países como Turquía y China, una concesión unilateral de beneficios sin que Colombia obtenga nada a cambio. Se está castigando a una industria que durante la pandemia no sólo mantuvo 100% de sus empleos, sino que además realizó inversiones en pro del desarrollo social de diferentes regiones», afirmó María Juliana Ospina, directora del Comité de Productores.

Mientras las empresas siderúrgicas advierten que la eliminación de este arancel podría acabar con la industria nacional, Chirivi afirma que el Comité Triple A del Ministerio de Comercio deberá evaluar esta situación para encontrar una salida, como el retiro temporal del arancel.

ES UN HECHO: SE APROXIMA LA PERFORACIÓN

DE LOS PRIMEROS PILOTOS
DE FRACKING EN COLOMBIA

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La Comisión Quinta de Cámara de Representantes hundió los proyectos de ley que buscaban la prohibición del fracking, de la explotación de yacimientos y la ejecución de proyectos piloto de investigación integral en Colombia.

Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2013 y 2014 se expidió el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 9341 de 2014, con los que se le dio vida a la normatividad técnica para empezar a desarrollar el fracking en el país. En ese entonces el gobierno alcanzó a incluir esta técnica en los Planes de Desarrollo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en ese momento ofertó, asignó áreas y se firmaron contratos que aún siguen vigentes. Sin embargo, varias organizaciones iniciaron una serie de debates manifestando su temor por el impacto ambiental que pudiera ocasionar el desarrollo de esta técnica en el país significando múltiples retrasos para el desarrollo de los no convencionales en el país.

Pese a la fuerte oposición, el Consejo de Estado desestimó una medida cautelar que buscaba echar para atrás la normatividad técnica y frenar el desarrollo de proyectos pilotos. Durante el año

2020 el Gobierno expidió la reglamentación respectiva y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya firmó los dos primeros contratos. El primero es “Kalé”, ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena (VMM) en inmediaciones del municipio de Puerto Wilches, Santander, operado por Ecopetrol. El segundo, en manos de ExxonMobil, también ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en la misma jurisdicción que el de Ecopetrol.

Con esta decisión las empresas tienen luz verde para preparar sus estudios de impacto ambiental para solicitar la licencia ambiental y proceder con las perforaciones. Según Felipe Bayón, este año se presentará la solicitud para la licencia ambiental del proyecto Kalé, mientras que en el 2022 se hará el trámite para el proyecto Platero. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el tiempo promedio en el que se ha dado respuesta a las licencias ambientales ha sido de 65 días hábiles, cuando la norma tiene como límite 90 días hábiles. Teniendo en cuenta lo anterior, Ecopetrol espera que el primer proyecto piloto se esté perforando en 2023.

En total, ya son cuatro los pilotos de fracking que se desarrollarán en Colombia y traerán inversiones por más de US$400 millones. Tres de los cuatro proyectos se llevarán a cabo en la cuenca del Valle Medio del Magdalena mientras que la otra iniciativa se desarrollará en la cuenca Cesar-Ranchería (La Guajira). Hasta el momento cuatro empresas están habilitadas por la ANH para llevar a cabo los proyectos pilotos de fracking en Colombia: Ecopetrol, ExxonMobil, Drumond Energy y Tecpetrol Colombia.

Hasta ese momento, todo apunta a que el fracking será un mecanismo para contribuir con la matriz energética del país y garantizar la autosuficiencia en materia de gas y petróleo.

ACTUALIDAD ACGGP

PRIMERA SEMANA DE LA GEOFÍSICA

En el marco del proyecto de investigación desarrollado por la alianza entre la Universidad Industrial de Santander (UIS), Ecopetrol y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP), titulado: “Nuevas tecnologías computacionales para el diseño de geometrías de adquisición sísmica 3D con muestreo compresivo para la reducción de costos económicos e impactos ambientales en la exploración de hidrocarburos en cuencas terrestres colombianas”, se realizó la Primera Semana de la Geofísica, evento financiado por la convocatoria 877 de Minciencias y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El espacio técnico se llevó a cabo durante la semana del 11 al 15 de octubre, donde se desarrolló una agenda técnica abarcando cursos cortos, charlas magistrales con invitados nacionales e internacionales abordando los ejes temáticos: sector energético, minería, geotecnia, hidrogeología y vulcanología, analizando casos de estudio y avances en las fases de adquisición, procesamiento e interpretación geofísica y culminó con una salida de campo donde se buscó ejemplificar la adquisición de algunos equipos como medida de capacitación e incentivo al interés de los estudiantes por la geofísica.

PERFIL DE LA AUTORA

MARIA CAMILA BLANCO

Geóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente se encuentra terminando una especialización en Sistemas de Información Geográfica en la Universidad Distrital.

En el 2021 se vinculó como Profesional Técnico al Staff administrativo de la ACGGP.