ACIPET y ACGGP invitan a conversar al Representante Lozada sobre su proyecto de ley que busca “crear el delito de Fracking” en el Código Penal
Bogotá, 27 de julio de 2022
Con ocasión de la difusión de un proyecto de ley radicado ante la secretaría de la Cámara de Representantes el día 20 de julio del presente año por el representante Juan Carlos Lozada Vargas por el cual “se crea el delito de Fracking en la ley 599”, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos-ACIPET y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo-ACGGP hacemos un llamado urgente a que los términos, conceptos y juicios que se utilicen al abordar estas temáticas trascendentales para el país, respondan al rigor técnico que su tratamiento demanda.
De manera respetuosa, convocamos a los actores interesados, a la academia, centros de pensamiento, al ejecutivo y al legislativo y al país en general, a un conversatorio de carácter técnico-científico para precisar elementos claves que permitan una discusión informada.
En uso de nuestra función como asociaciones profesionales y en el caso de ACIPET, Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional, en torno a temas de la industria de los hidrocarburos del país, respondiendo al mandato de defensa de los intereses del Estado y del pueblo colombiano conferido por el Congreso de la República a través de la Ley 20 de 1984, rechazamos los términos de esta iniciativa que vulnera la honra y el buen nombre de los profesionales cuyos intereses orgullosamente representamos.
En reiteradas ocasiones, como profesionales del sector de los hidrocarburos, hemos insistido en llevar a cabo un diálogo abierto, franco y transparente para que, con hechos y datos exactos e información veraz, se tomen decisiones basadas en el conocimiento técnico y científico, valorando las consecuencias a nivel económico y socio-ambiental que generaría el eliminar de tajo opciones tecnológicas para el desarrollo de la cadena de valor del sector de hidrocarburos y para todos los colombianos.
El ejercicio riguroso de la profesión para la cual nos ha preparado la universidad pública o privada no puede convertirse en un delito y menos aún cuando se viene desarrollando un proceso transparente de evaluación de estas tecnologías que son ya ampliamente aplicadas en muchos países del mundo.
La redacción del proyecto en mención pone en riesgo la estabilidad de las familias de los más de 12,000 ingenieros de petróleos y de los miles de geólogos, geofísicos y otros profesionales de las diferentes ramas de la Ingeniería que contribuyen en las operaciones de exploración y producción, además de las más de 120,000 personas que son empleadas por la industria petrolera en el país. Su implementación impactaría gravemente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que han sido soporte fundamental de la economía nacional.
Solicitamos de manera cordial al Representante Lozada y demás congresistas de las comisiones encargadas de debatir y analizar este proyecto de ley, abrir un espacio de diálogo frente al tema, en el cual nosotros como colombianos, ingenieros de petróleos, geólogos, geofísicos e ingenieros de diferentes especialidades, podamos ofrecer nuestro conocimiento científico, operativo y práctico en la búsqueda, junto con los demás grupos de interés, de acuerdos que nos unan en torno a un mismo objetivo: el bienestar de todos los colombianos.
