Es una realidad que día a día se toman decisiones en los municipios del país en torno al uso del agua subterránea, los recursos minero – energéticos o incluso de aspectos relacionados con el ordenamiento territorial. Sin embargo, muchas de estas decisiones trascendentales, no tienen en cuenta el concepto técnico de los geólogos o geólogas y esto conduce a tomar decisiones que ponen en peligro a la población o a desaprovechar los recursos presentes en el territorio que podrían contribuir al bienestar de los ciudadanos.
En una iniciativa conjunta de la Universidad Nacional de Colombia y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) se estableció que cada uno de los municipios del territorio nacional se encuentra expuesto a algún tipo de amenaza que puede constituir un riesgo, además por Ley todo municipio debe tener un Esquema de Ordenamiento Territorial o un Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual éstos son identificados, siendo el profesional de ciencias de la tierra idóneo para construir los insumos técnicos.
Según el servicio geológico colombiano el 86% de la población colombiana esta en zonas de amenaza sísmica alta y media, 1’886.229 personas expuestas a amenaza volcánica, 699 municipios en zonas de amenaza por deslizamientos alta, muy alta y moderada, además que el 28% de la población en riesgo alto de inundación. Estas amenazas por lo general ocasionan grandes pérdidas concentradas en un territorio y en un lapso de tiempo relativamente corto, por esto han sido denominados riesgos intensivos.
La incorporación del riesgo en los procesos de planeación y ordenamiento territorial, permite establecer medidas para su prevención y mitigación, orientadas a la reducción del riesgo existente y evitar la generación de nuevos riesgos a futuro, con lo que es esencial para cada municipio de Colombia tener un geólogo por municipio.
